SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD LEY 1564 DE 2012 CODIGO GENERAL DEL PROCESO

Single Blog Post

LEY 1564 DE 2012

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”


SENTENCIA

NORMA

DECISION

SV/AV

TEMA

EXPEDIENTE

 

 

 

 

 

 

C-157/13

Marzo 21/13

 

Mp. Dr. González

Artículo 206.

Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia. El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción -por falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.

AV MVCC

Sanción por falta de demostración de perjuicios. Juramento estimatorio-Reconocimiento de indemnización, compensación o pago de frutos o mejoras, condena en costas. Ejercicio de derechos procesales-Deberes de las partes y apoderados. Principio de buena fe. Negación de pretensiones por falta de demostración de perjuicios. Libertad de configuración legislativa en materia procesal y medios de prueba. Deberes, obligaciones y cargas procesales. Derecho de acceso a la administración de justicia. Carga procesal-Responsabilidad de las partes en el proceso. Temeridad y mala fe. Régimen de responsabilidad de las partes y apoderados cuando su conducta se aleja de la probidad y de la buena fe. Demanda de inconstitucionalidad-Requisitos.

D-9263

C-279/13

Mayo 15/13

 

Mp. Dr. Pretelt

Artículo 206.

Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas”.

PRIMERO.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-157 de 2013, respecto del parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.

SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLES los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos analizados en esta sentencia.

SPA GEMM

AV LEVS

Derecho de acceso a la administración de justicia o derecho a la tutela judicial efectiva. Libertad de configuración legislativa en materia procesal. Debido proceso-Proporcionalidad y razonabilidad. Deberes, obligaciones y cargas procesales. Juramento estimatorio en la legislación colombiana. Juramento estimatorio-Tipos, requisito en procesos por indemnización, compensación o pago de frutos o mejoras. Derecho de defensa. Principio de buena fe y lealtad procesal. Juramento estimatorio incorrecto por exceso en las pretensiones y pretensiones desestimadas. Cosa juzgada constitucional. Demanda de inconstitucionalidad-Requisitos.

D-9324

C-332/13

Junio 5/13

 

Mp. Dr. González

Artículo 206.

Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

Parágrafo. También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-157 de 2013, respecto del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.

Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-279 de 2013, respecto del inciso cuarto del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.

 

Juramento estimatorio-Cosa juzgada constitucional absoluta. Cosa juzgada constitucional relativa. Cosa juzgada aparente. Doctrina de la constitución viviente.

D-9514

C-436/13

Julio 10/13

 

Mp.

Dr. González

Artículo 24.

Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas.

Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:

a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.

b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.

2. La Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.

3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:

a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.

c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades vegetales.

4. El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, a través de la dependencia que para tales efectos determine la estructura interna, podrá, bajo el principio de gradualidad en la oferta, operar servicios de justicia en todos los asuntos jurisdiccionales que de conformidad con lo establecido en la Ley 446 de 1998 sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia han sido atribuidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera y Superintendencia de Sociedades, así como en los asuntos jurisdiccionales relacionados con el trámite de insolvencia de personas naturales no comerciantes y los asuntos previstos en la Ley 1098 de 2006de conocimiento de los defensores y comisarios de familia. También podrá asesorar y ejercer la representación judicial de las personas que inicien procesos judiciales de declaración de pertenencia con miras al saneamiento de sus propiedades.

5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:

a) Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.

b) La resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.

c) La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión. Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia exclusiva del Juez.

d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Así mismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.

e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas.

Parágrafo 1°. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos.

Cuando las autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales, el principio de inmediación se cumple con la realización del acto por parte de los funcionarios que, de acuerdo con la estructura interna de la entidad, estén habilitados para ello, su delegado o comisionado.

Parágrafo 2°. Las autoridades administrativas que a la fecha de promulgación de esta ley no se encuentren ejerciendo funciones jurisdiccionales en las materias precisas que aquí se les atribuyen, administrarán justicia bajo el principio de gradualidad de la oferta. De acuerdo con lo anterior, estas autoridades informarán las condiciones y la fecha a partir de la cual ejercerán dichas funciones jurisdiccionales.

Parágrafo 3°. Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces.

Las providencias que profieran las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales no son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Las apelaciones de providencias proferidas por las autoridades administrativas en primera instancia en ejercicio de funciones jurisdiccionales se resolverán por la autoridad judicial superior funcional del juez que hubiese sido competente en caso de haberse tramitado la primera instancia ante un juez y la providencia fuere apelable.

Cuando la competencia la hubiese podido ejercer el juez en única instancia, los asuntos atribuidos a las autoridades administrativas se tramitarán en única instancia.

Parágrafo 4°. Las partes podrán concurrir directamente a los procesos que se tramitan ante autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales sin necesidad de abogado, solamente en aquellos casos en que de haberse tramitado el asunto ante los jueces, tampoco hubiese sido necesaria la concurrencia a través de abogado.

Parágrafo 5°. Las decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganización, de liquidación y de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, serán de única instancia, y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento.

Parágrafo 6°. Las competencias que enuncia este artículo no excluyen las otorgadas por otras leyes especiales por la naturaleza del asunto.

Declarar EXEQUIBLE el literal b) del numeral 3 del artículo 24 de la ley 1564 siempre y cuando la estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor garanticen los principios de imparcialidad e independencia, en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales asignadas.

 

Dirección Nacional del Derecho de Autor y derechos conexos-Asignación de funciones jurisdiccionales. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina-Interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico andino. Atribución de funciones judiciales a las autoridades administrativas-Reglas, instrucción de sumarios o juzgamiento de delitos. Reserva legal. Imparcialidad e independencia de funcionarios administrativos.

D-9408

C-531/13

Agosto 15/13

Mp. Dr. González

Artículo 317.

Desistimiento tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas.

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;

d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;

e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;

f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;

g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;

h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial.

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la constitucionalidad de las expresiones “en cualquiera de sus etapas” y “b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años”, contenidas en el numeral 2 del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustancial de la demanda.

AV NEPP

La Corte constató que la presente demanda no satisface los mínimos argumentativos de certeza y especificidad que se exige de los cargos de inconstitucionalidad. La demanda plantea que la norma objeto de su censura vulnera el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2 C. Po.), porque permite aplicar el desistimiento tácito incluso cuando ya existe sentencia ejecutoriada, si la parte que tiene la carga de impulsarlo no solicita o realiza ninguna actuación durante el término de dos años. No obstante, al ocuparse de los parámetros, la demandante incurre en un yerro: para referirse a la cosa juzgada en el ámbito del Código General del Proceso trae a cuento la cosa juzgada constitucional, lo cual es grave porque se trata de asuntos disímiles, al punto de que en ningún evento se aplica el desistimiento tácito en el proceso constitucional, por lo cual no es posible siquiera que la cosa juzgada constitucional pueda ser vulnerada o desconocida por el precepto acusado. Por lo tanto, al no haber una contradicción posible entre las expresiones que se impugnan del artículo 317 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 243 de la Constitución, el cargo no satisface el requisito de certeza. La demanda no solo no muestra, sino que no puede mostrar la vulneración de la cosa juzgada, por obedecer a un entendimiento subjetivo e injustificado de la norma cuestionada, razón por la cual, la Corte procedió a abstenerse de emitir una decisión de fondo.

D-9480

C-543/13

Agosto 21/13

 

Mp. Dr. Pretelt

Artículo 594.

Bienes inembargables. Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar:

1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social.

(…)

4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las mismas.

(…)

Parágrafo. Los funcionarios judiciales o administrativos se abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre recursos inembargables. En el evento en que por ley fuere procedente decretar la medida no obstante su carácter de inembargable, deberán invocar en la orden de embargo el fundamento legal para su procedencia.

Recibida una orden de embargo que afecte recursos de naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el fundamento legal para la procedencia de la excepción, el destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la naturaleza de inembargable de los recursos. En tal evento, la entidad destinataria de la medida, deberá informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de inembargables. La autoridad que decretó la medida deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca de si procede alguna excepción legal a la regla de inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá revocada la medida cautelar.

En el evento de que la autoridad judicial o administrativa insista en la medida de embargo, la entidad destinataria cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que le ponga fin al proceso que así lo ordene…”

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo frente a la demanda formulada por el ciudadano Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, contra el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011; el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530 de 2012; y los numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.

 

La Corte encontró que los cargos de inconstitucionalidad que formula el actor en esta oportunidad carecen de certeza y pertinencia, porque toda su argumentación gira en torno a apreciaciones subjetivas del contenido de los apartes normativos demandados y en hipótesis que no se derivan de su texto. A lo anterior se suma que el demandante parte de una indebida interpretación de las normas acusadas, toda vez que no armoniza el conjunto de normas constitucionales y legales que protegen los recursos de naturaleza pública frente al contenido de las normas atacadas, ni hace alusión a los diversos mecanismos jurídicos consagrados en la ley a favor de los acreedores para hacer exigibles sus créditos ante las entidades del Estado.

D-9475

C-755/13

Oct. 30/13

 

Mp. Dra. Calle

Artículo 625.

Tránsito de legislación.- Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:

[…]

8. Las reglas sobre competencia previstas en este código, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda. Por tanto, el régimen de cuantías no cambia la competencia que ya se hubiere fijado por ese factor.

Sin embargo, los procesos de responsabilidad médica que actualmente tramitan los jueces laborales, serán remitidos a los jueces civiles competentes, en el estado en que se encuentren”.

Declarar EXEQUIBLE el artículo 625 numeral 8 (parcial) de la Ley 1564 de 2012 ‘Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones’, por el cargo examinado.

 

La Corte Constitucional encontró que la modificación de competencia para conocer de los procesos de responsabilidad médica en curso, pretende resolver una incertidumbre en torno al ramo de la justicia ordinaria que tenía a su cargo atribución de resolver los procesos por responsabilidad médica que no fueran de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, provocada de una parte, por la legislación procesal, pero también, por un conflicto entre la justicia laboral y la civil respecto de esa cuestión. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo reiteradamente que la justicia laboral ordinaria era la competente, en virtud del artículo 2º de la Ley 712 de 2001. Por su parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema opinaba lo contrario, puesto que en su concepto, le correspondía a la jurisdicción civil, en forma privativa, exclusiva y excluyente, la competencia para conocer de que los asuntos concernientes a la responsabilidad médica, con excepción de los atribuidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a la jurisdicción laboral en materia de seguridad social integral, en cuanto hace exclusivamente al régimen económico prestacional y asistencial consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. Para la Corporación, esta situación, antes de la reforma demandada, atentaba contra el derecho a la predeterminación legal del juez competente (juez natural). El artículo 29 de la Constitución debe ser interpretado de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia (art. 93 C. Po.) y entre estos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1 establece que toda persona tiene derecho a no ser juzgada sino con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente “establecido con anterioridad por la ley”. En este sentido, el numeral 8 del artículo 625 del Código General del Proceso que aquí se demanda, vino a zanjar las diferencias estableciendo de manera clara la competencia para conocer de los procesos de responsabilidad médica en cabeza de los jueces civiles competentes y para tal efecto, ordenando la remisión a estos de los procesos actualmente en curso ante los jueces laborales.

A juicio de la Corte, la medida demandada persigue una finalidad no solo permitida sino de hecho ordenada por la Constitución, interpretada de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como lo dispone el artículo 93 de la Carta política. Por otra parte, la reforma acusada es idónea para afrontar esa preocupación, en la medida en que contribuye a predeterminar -con mayor precisión- el ramo de la justicia ordinaria competente para conocer y resolver los procesos de responsabilidad médica que no sean de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Presta entonces una contribución positiva para alcanzar el fin que persigue. En esa medida, la Corte no consideró que la disposición censurada viole el derecho fundamental al juez natural o competente y antes al contrario, es un instrumento al servicio de la protección de esa garantía. Por lo expuesto, el inciso segundo del numeral 8 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012, se declaró ajustado a la Constitución, frente al cargo examinado.

D-9604

C-834/13

Nov. 20/13

Mp. Dr. Rojas

Artículo 613.

Audiencia de conciliación extrajudicial en los asuntos contencioso administrativos. Cuando se solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los mismos términos previstos para el convocado, con el fin de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su intervención o no en el Comité de Conciliación de la entidad convocada, así como en la audiencia de conciliación correspondiente.

No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública.

Las entidades públicas en los procesos declarativos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra particulares, podrán solicitar las medidas cautelares previstas para los procesos declarativos en el Código General del Proceso.

Declarar EXEQUIBLE el aparte “de carácter patrimonial” del artículo 613 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos analizados en esta sentencia.

AV MVCC

AV LGGP

La Corte precisó, de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que las medidas cautelares en estos procesos, por regla general, no son decretadas sin que el demandado –que en la mayoría de eventos corresponde a una entidad pública- haya tenido oportunidad de participar en el debate sobre su necesidad y conducencia, así como sobre lo proporcional que resultan en el caso concreto. En consecuencia, no es viable sostener que en el procedimiento contencioso administrativo la práctica de medidas cautelares involucra, como principio general de la actuación, el desconocimiento de la parte demandada respecto de la solicitud por parte del demandante y del debate sobre su decreto ante el juez competente para decretarla. Es decir, no se aprecia la existencia de una regulación que tenga por fin sorprender a la parte demandada con el decreto de medidas cautelares, por lo que la audiencia de conciliación prejudicial no altera el principio de regulación existente en esta materia. El que no se informe previamente a la parte demandada sobre el decreto de una medida cautelar no tiene como fin sorprenderla, sino que se fundamenta únicamente en la urgencia o premura con que se requiere la medida cautelar, indispensable para asegurar la protección de un interés de igual o mayor valía que el derecho al debido proceso de la parte demandada, lo que valorará el juez administrativo en cada caso. De todos modos, la parte demandada es informada e invitada a manifestar su posición respecto del decreto de medidas cautelares (art. 233 CPA y CA). Por esta razón, no se desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia.

De otra parte, el Tribunal consideró que la realización de la audiencia de conciliación cuando se soliciten medidas cautelares de carácter patrimonial, no constituye un obstáculo que desconozca el acceso inmediato a la administración de justicia. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia, su realización se ha constituido en una de las formas en que puede concretarse los contenidos iusfundamentales que esta garantía incorpora. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico carece de fundamento entender que existe un bloqueo al derecho de acceso a la administración de justicia por la mera exigencia de realizar audiencia de conciliación, incluso si se toma en consideración el tiempo que implica llevarla a cabo, ya quela ley prevé un tiempo máximo. Esa obligación constituye una forma de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, por cuanto la conciliación configura uno de los recursos efectivos que están previstos para la salvaguarda de los derechos de que son titulares las personas dentro de un Estado social de derecho. Por tanto, resulta un mecanismo eficaz para la resolución de las controversias y la concreción del derecho de acceso a la justicia.

D-9509

C-030/14

Enero 29/14

Mp. Dra. Calle

Artículo 612.

Modifíquese el Artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 199.

Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.

De esta misma forma se deberá notificar el auto admisorio de la demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil en la dirección electrónica por ellos dispuesta para recibir notificaciones judiciales.

El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia de la providencia a notificar y de la demanda.

Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el expediente.

En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedarán en la secretaría a disposición del notificado y el traslado o los términos que conceda el auto notificado, sólo comenzarán a correr al vencimiento del término común de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación. Deberá remitirse de manera inmediata y a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposición de conformidad con lo establecido en este inciso.

En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción en donde sea demandada una entidad pública, deberá notificarse también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los mismos términos y para los mismos efectos previstos en este artículo. En este evento se aplicará también lo dispuesto en el inciso anterior.

La notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hará en los términos establecidos y con la remisión de los documentos a que se refiere este artículo para la parte demandada”.

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo acerca de los incisos demandados (sexto y séptimo) del artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud sustantiva de la demanda.

SV NEPP

SV ARR

La Corte constató que en el presente caso, no se cumplían en debida forma los requisitos de especificidad, certeza y claridad del cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. En efecto, el actor no aporta las razones por las cuales el legislador debía incluir al quejoso entre los intervinientes en el proceso disciplinario y otorgarle las mismas facultades. Tampoco, expone los argumentos por los que el tratamiento diferente previsto en las normas acusadas lleva consigo la infracción de un deber constitucional específico a cargo del legislador, que le imponga un trato equivalente de interviniente al quejoso dentro del proceso disciplinario.

En efecto, el demandante se limita a narrar las circunstancias de un caso concreto en que actuó como quejoso en un proceso disciplinario contra dos abogados, en el cual tuvo que sujetarse a las limitaciones procesales previstas en la Ley 1123 de 2007. La Corte advirtió que, si como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, la exclusión del quejoso de los intervinientes en el proceso disciplinario se explica porque la finalidad principal del mismo es la de determinar la infracción de los deberes profesionales o de los deberes de los servidores públicos y no la de garantizar los derechos de los quejosos, tendría que indicarse en la demanda cuál es el mandato constitucional que obligaría al legislador a asimilar el quejoso a los demás sujetos que intervienen en el proceso disciplinario.

Dadas estas circunstancias, lo procedente en este caso, era inhibirse de emitir una decisión de fondo ante la ausencia de cargos formulados en debida forma.

D-9746

C-083/14

Feb. 12/14

Mp. Dra. Calle

Artículo 48.

Designación. Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán las siguientes reglas:

[…].

7. La designación del curador ad litem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no afectará la competencia de las autoridades administrativas para la elaboración de las listas, la designación y exclusión, de conformidad con lo previsto en la ley.”.

Declarar EXEQUIBLES las expresiones ‘quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio’ del numeral 7° del artículo 48 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por los cargos analizados en la presente sentencia.

 

La Corte Constitucional determinó que el legislador no desconoció los derechos a la igualdad y al trabajo de los abogados que son nombrados curadores ad litem, en calidad de defensores de oficio, al obligarlos a prestar sus servicios de manera gratuita, según lo previsto en el artículo 48, numeral 7 de la Ley 1564 de 2012, aunque los demás auxiliares de la justicia sí sean remunerados.

A juicio de la Corte, se trata de un trato diferente que se funda en un criterio objetivo y razonable, en tanto propende por un fin legítimo, asegurar el goce efectivo y razonable, en tanto propende por un fin legítimo, cual es el de asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia, por un medio no prohibido y adecuado para alcanzarlo. Además, no constituye una carga que no es desproporcionada y que, inspirada en el deber de solidaridad, permite que un grupo de personas que desempeñan una labor de dimensiones sociales, como lo es prestar servicios jurídicos, colaboren en la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia en situaciones en que esta pueda verse obstaculizada por la ausencia de las partes.

D-9761

C-178/14

Marzo 26/14

 

Mp. Dra. Calle

Artículo 24.

Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas.

Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:

a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.

b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal.

2. La Superintendencia Financiera de Colombia conocerá de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público.

3. Las autoridades nacionales competentes en materia de propiedad intelectual:

a) La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos de infracción de derechos de propiedad industrial.

b) La Dirección Nacional de Derechos de Autor en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.

c) El Instituto Colombiano Agropecuario en los procesos por infracción a los derechos de obtentor de variedades vegetales.

[…]

5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:

a) Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.

b) La resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.

c) La impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión. Con todo, la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se declaren nulos será competencia exclusiva del Juez.

d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Así mismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.

e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas.

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-436 de 2013, en relación con el cargo por violación al derecho fundamental al debido proceso y el principio de imparcialidad judicial.

 

La Corte constató que mediante la sentencia C-436 de 2013, ya se pronunció acerca de la constitucionalidad de la norma demandada en esta oportunidad frente a los mismos cargos formulados, de manera que no procedía un nuevo pronunciamiento sino que había de limitarse a estar a lo resuelto en la citada providencia. Cosa juzgada sobre la constitucionalidad de las funciones jurisdiccionales asignadas a la dirección nacional de derechos de autor, frente al debido proceso y el principio de imparcialidad judicial.

D-9874

C-279/14

Mayo 7/14

 

Mp. Dra. Calle

Artículo 84.

Anexos de la demanda. A la demanda debe acompañarse:

(…)

4. La prueba de pago del arancel judicial, cuando hubiere lugar.

(…)”

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-169 de 2014, en la que fue declarada la inexequibilidad de la Ley 1653 de 2013.

Segundo.- DECLARARSE INHIBIDA para decidir sobre la constitucionalidad del numeral 4º del artículo 84 de la Ley 1564 de 2012.

 

La Corte constató la existencia de cosa juzgada en relación con las normas demandadas de la Ley 1653 de 2013, toda vez que mediante sentencia C-169 de 2014 se pronunció sobre la inconstitucionalidad de los artículos 4º a 9º de la citada ley. Como esos artículos contenían los elementos estructurales del arancel judicial, el Tribunal estimó que su inconstitucionalidad comportaba la declaratoria de inexequibilidad de toda la Ley 1653 de 2013, de modo que debe limitarse a estarse a lo resuelto en dicha providencia. En relación con el artículo 84, numeral 4 de la Ley 1564 de 2012, la Corte encontró que no prevé por sí solo las consecuencias jurídicas que plantea el actor, lo que desvirtúa la suficiencia de la argumentación. En efecto, la demanda plantea que el pago del arancel judicial antes de iniciarse un proceso es necesariamente inconstitucional, posición que no ha sido asumida por este Tribunal, como intérprete auténtico de la Constitución Política. Como el demandante asume esa prohibición de forma absoluta, no cuestiona ni presenta argumentos relacionados con la proporcionalidad o razonabilidad de ese requisito de admisión de la demanda, que puedan ser analizados en sede de constitucionalidad. De igual manera, el demandante, al momento de presentar la acción, se basó en una interpretación sustentada en el artículo 6º de la Ley 1653 de 2013 que establecía la obligación de declarar la terminación del proceso ante la ausencia de pago de la contribución. Además, las consideraciones que la Corte sentó en la decisión C-169/14sobre la potencial validez de contribuciones parafiscales previa la iniciación de un proceso judicial, generaban la necesidad de una argumentación poderosa para cuestionar, de forma independiente, el numeral 4º del artículo 84 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Por lo tanto, la Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión cuestionada.

D-9866 y otro

C-369/14

Junio 11/14

 

Mp. Dr. Rojas

Artículo 48.

Designación

[…]

7. La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.

Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 que declaró EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos relacionados con el principio de igualdad y del derecho al trabajo.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por el cargo de presunto desconocimiento del derecho al mínimo vital.

 

De manera previa, la Corte constató la existencia de cosa juzgada constitucional en relación con la expresión acusada del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, frente a los cargos relativos al principio de igualdad y al derecho al trabajo. Por tal motivo, dispuso estar a lo resuelto en la sentencia C-083/14y procedió a analizar el cargo referente al desconocimiento del derecho al mínimo vital. La Corporación determinó que de la disposición demandada no se deriva la exigibilidad de una remuneración mínima vital y móvil por la gestión de los abogados que se desempeñen como curadores ad litem. Como ya lo estableció en la citada sentencia C-083/14, la labor que realizan los abogados designados como curadores ad litem no obedece al cumplimiento de funciones en desarrollo de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios regido por la exclusividad, ni tampoco de una relación laboral legal y reglamentaria como la desempeñada por los servidores públicos, sino a un gestión impuesta a estos profesionales en virtud del principio de solidaridad. La inexistencia de una relación laboral descarta entonces, el deber de garantizar a los curadores ad litem, del derecho a recibir una remuneración mínima vital y móvil consagrada en el artículo 53 de la Constitución. La Corte observó que la norma tampoco restringe para estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de las cuales deriven ingresos para su subsistencia. Por el contrario, señala que la gestión gratuita como curador ad litem es para un máximo de cinco (5) procesos y recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión. Adicionalmente, advirtió que la prestación de servicios de auxiliar de justicia como curador ad litem, no obstante requerir la formación y la idoneidad jurídica del abogado, o sea a quienes están circunscritos tales servicios de colaboración, no constituyen en forma autónoma y concreta, una profesión. Es una carga excepcional de auxilio a los fines de la función pública de la administración de justicia. Por consiguiente, los cargos por la presunta violación del derecho al trabajo y al principio del mínimo vital, no estaban llamados a prosperar.

D-9935

C-389/14

Junio 25/14

 

Mp. Dr. Rojas

Artículo 48.

Designación

[…]

7. La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.

ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 que declaró EXEQUIBLE la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos relacionados con el principio de igualdad y del derecho al trabajo.

 

Existencia de cosa juzgada constitucional en relación con la exequibilidad del desempeño del cargo de curador ad litem en forma gratuita como defensor de oficio.

D-10015

C-507/14

Julio 16/14

 

Mp. Dr. González

Artículo 25.

Cuantía. Cuando la competencia se determine por la cuantía, los procesos son de mayor, de menor y de mínima cuantía. Son de mínima cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). El salario mínimo legal mensual a que se refiere este artículo, será el vigente al momento de la presentación de la demanda. Cuando se reclame la indemnización de daños extrapatrimoniales se tendrán en cuenta, solo para efectos de determinar la competencia por razón de la cuantía, los parámetros jurisprudenciales máximos al momento de la presentación de la demanda.

Parágrafo.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, previo concepto favorable del Gobierno Nacional, podrá modificar las cuantías previstas en el presente artículo, cuando las circunstancias así lo recomienden.

Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1564 de 2012.

 

La Corte debía resolver si atribuir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura facultad para modificar las cuantías establecidas por el Código General del Proceso, como factor determinante de la competencia de los jueces en los procesos judiciales, desconoce la reserva de ley en la expedición de las normas procesales que son de la órbita exclusiva del Congreso de la Republica. El análisis de la Corte parte de la cláusula general de competencia conferida al legislador en los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución Política, para regular los procedimientos judiciales y administrativos, especialmente en los relacionado con la competencia de los funcionarios, los recursos, los términos, el régimen probatorio, las cuantías, entre otros aspectos relacionados estrechamente con derechos fundamentales de los sujetos vinculados a un proceso y por tanto, materias que son de la órbita exclusiva del Congreso de la República (art. 114, 150, numerales 2 y 23, 228 y 229 C. Po.). Dicha cláusula le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C. Po.) y del acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229 C. Po.). Indicó, que son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado social de derecho. Así mismo, recordó que la potestad de configuración legislativa de las normas procesales no es absoluta sino que debe ser ejercida sin desconocer los principios y valores, la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y los principios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del derecho sustancial sobre lo adjetivo, los cuales delimitan el ejercicio legítimo de tales competencias. La Corporación precisó que la reserva de ley, como institución jurídica que protege el principio democrático, exige que la regulación de ciertas materias solo pueda adelantarsemediante ley, o cuando menos se funde en ella, en ciertos casos, bajo el concepto de ley en sentido formal, es decir, emanada directamente del Congreso de la República, que no puede despojarse de las funciones que la Constitución le ha atribuido para delegarlas en otra autoridad so pretexto de su reglamentación. En el caso concreto, la Corte encontró que el artículo 25 de la Ley 1564 de 2012 no contiene una disposición sujeta a la reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura, en tanto no es un precepto legal que delimite un tema y permita su concreción a través de reglamento. Por el contrario, se trata de facultar para la regulación total e integral de la materia -definición de las cuantías- que determina la competencia de los jueces y su aplicación no demanda una reglamentación adicional que para tal fin deba expedirse. Autoriza a la Sala Administrativa para la modificación de las cuantías reguladas por el legislador en el Código General del Proceso, cuando a su juicio “las circunstancias así lo recomienden”. Para la Corte, la reserva de ley no permite que la modificación de las cuantías se deslegalice, en cabeza de un órgano administrativo, sustrayendo del debate democrático la definición de un factor esencial del debido proceso y del acceso a la administración cual es la forma de determinar el juez natural, el juez competente por razón de la cuantía, lo cual toca con derechos fundamentales y garantías cuyo contenido está reservado al legislador. Por tales motivos y de conformidad con los artículos 29, 114, 150, numerales 1, 2, 10 y 23, 228 y 229, conferir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la potestad de modificar las cuantías definidas por el legislador, para la determinación de la competencia, vulnera la reserva de ley en dicha materia. Por consiguiente, la Corte procedió a declarar la inexequibilidad del parágrafo del artículo 25 de la Ley 1564 de 2012.

D-10000

C-683/14

Sept. 10/14

 

Mp. Dr. González

Artículo 487.

Disposiciones preliminares. Las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidarán por el procedimiento que señala este Capítulo, sin perjuicio del trámite notarial previsto en la ley. También se liquidarán dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales que por cualquier causa estén pendientes de liquidación a la fecha de la muerte del causante, y las disueltas con ocasión de dicho fallecimiento.

Parágrafo.

La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública, en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de estos será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. Los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo, podrán solicitar su rescisión dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron tener conocimiento de la partición. Esta partición no requiere proceso de sucesión.

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 487 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos por unidad de materia e igualdad en los términos analizados en esta sentencia.

 

En este caso la Corte decidió sobre varios cargos contra la norma del Código General del Proceso que regula la posibilidad de que las personas puedan hacer una partición de sus bienes en vida, mediante escritura pública. Después de analizar el contenido y aptitud de tales cargos, la Sala concentró su análisis en aquellos relacionados con la eventual vulneración del principio de igualdad (art. 13 C. P.) y el posible incumplimiento de la regla sobre unidad de materia (art. 158 ibídem). Al término de este análisis, este tribunal concluyó que tales cargos no estaban llamados a prosperar. En lo relativo al derecho a la igualdad, la Corte observó que esta posibilidad no afecta indebidamente los derechos de los hijos aún no nacidos o de aquellos que para el momento de realizarse la partición no hayan consolidado aún su relación paterno-filial, pues en tales circunstancias no existe aún ni siquiera una simple expectativa que deba ser protegida, ya que es precisamente la existencia de esas relaciones jurídicas la que otorga la posibilidad de participar en el reparto de los bienes del causante. Al mismo tiempo, la Corte destacó también que pese a esa circunstancia, existen en la norma precauciones encaminadas a la protección de terceros con legítimo interés, tales como la necesidad de licencia judicial previa, o la posterior posibilidad de rescisión de la partición por un término de dos años. Por su parte, en lo atinente al cargo por infracción al principio de unidad de materia, la Corte consideró que pese a tratarse de una norma de contenido sustancial que hace parte de un código cuyo tema principal son las reglas procesales, el precepto acusado guarda una razonable relación de conexidad temática, sistémica y teleológica con las restantes disposiciones del Código General del Proceso.

El Magistrado Mauricio González Cuervo salvó parcialmente su voto, al reiterar su postura según la cual la presunta infracción al principio de unidad de materia es un vicio de forma o de trámite, y por lo tanto sujeto a la caducidad de un año prevista en el artículo 242 superior, razón por la cual la acción se encontraba caducada en lo que a este cargo se refiere, y la Corte ha debido adoptar una decisión inhibitoria. Por su parte, los Magistrados María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva anunciaron salvamento parcial de voto, pues en su concepto, el segundo cargo elevado en la demanda contra el artículo 487 del Código General del Proceso, por presunta violación de los artículos 13 (igualdad) no cumplía con los requisitos mínimos de argumentación para provocar un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional. Como se puede observar en el razonamiento acogido por la mayoría de la Sala, la demanda se basa, de una parte, en una interpretación irrazonable y caprichosa de la disposición cuestionada; y de otra, en escenarios hipotéticos sobre la afectación a hijos y herederos “futuros”. Además, en relación con los terceros e hijos con intereses actuales -es decir, aquellos que se encuentran adelantando procesos de discusión de la filiación o de adopción-, la demanda plantea que carecen de un medio para controvertir la partición del patrimonio en vida, en abierto desconocimiento al contenido normativo de la disposición, que precisamente establece la posibilidad de solicitar la rescisión de ese acto jurídico, como se puede concluir a partir del tenor literal de su parágrafo. En ese marco, el cuestionamiento por violación a los principios de igualdad y protección a la familia, carecía de certeza, por la absoluta incomprensión del texto demandado; pertinencia, por referirse a hechos hipotéticos y no al contenido normativo de la disposición demandada; y suficiencia, pues tales falencias impedían extraer del escrito de demanda un problema jurídico serio, susceptible de generar una duda inicial sobre la presunción de constitucionalidad de la ley.

D-10113

C-726/14

Sept. 24/14

 

Mp. Dra. Sachica

Artículo 419.

Procedencia. Quien pretenda el pago de una obligación en dinero, de naturaleza contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 421.

Trámite. Si la demanda cumple los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para que en el plazo de diez (10) días pague o exponga en la contestación de la demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente 1a deuda reclamada. El auto que contiene el requerimiento de pago no admite recursos y se notificará personalmente al deudor, con la advertencia de que si no paga o no justifica su renuencia, se dictará sentencia que tampoco admite recursos y constituye cosa juzgada, en la cual se le condenará al pago del monto reclamado, de los intereses causados y de los que se causen hasta la cancelación de 1a deuda. Si el deudor satisface la obligación en la forma señalada, se declarará terminado el proceso por pago. Si el deudor notificado no comparece, se dictará la sentencia a que se refiere este artículo y se proseguirá la ejecución de conformidad con lo previsto en el artículo 306. Esta misma sentencia se dictará en caso de oposición parcial, si el demandante solicita que se prosiga la ejecución por la parte no objetada. En este evento, por la parte objetada se procederá como dispone el inciso siguiente. Si dentro de la oportunidad señalada en el inciso primero el demandado contesta con explicación de las razones por las que considera no deber en todo o en parte, para lo cual deberá aportar las pruebas en que se sustenta su oposición, el asunto se resolverá por los trámites del proceso verbal sumario y el juez dictará auto citando a la audiencia del artículo previo traslado al demandante por cinco (5) días para que pida pruebas adicionales. Si el deudor se opone infundadamente y es condenado, se le impondrá una multa del diez por ciento (10%) del valor de la deuda a favor del acreedor. Si el demandado resulta absuelto, la multa se impondrá al acreedor.

Parágrafo.

En este proceso no se admitirá intervención de terceros, excepciones previas reconvención, el emplazamiento del demandado, ni el nombramiento de curador ad litem. Podrán practicarse las medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos. Dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos.

Declarar EXEQUIBLES los artículos 419 y 421 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos examinados en esta providencia.

 

Le correspondió a la Corte examinar si la regulación del proceso monitorio contenida en los artículos 419 y 421 del Código General del Proceso es contraria a los derechos a la igualdad y el debido proceso (arts. 13 y 29 Const.), en cuanto supuestamente carece de una estructura bilateral y el juez adopta una decisión de fondo, que además no es susceptible de recursos, sin haber escuchado a la parte demandada. Para resolver sobre estos cuestionamientos, la Sala consideró, entre otros aspectos relevantes, el propósito y sentido del proceso monitorio, la forma como en tales casos se integra el contradictorio y sus implicaciones, y la libertad de configuración del legislador en materias procesales. En razón a la íntima relación existente entre estos dos cargos, la Corte los examinó de manera conjunta, aplicando para ello un test integrado de proporcionalidad y razonabilidad, que en este caso fue de leve intensidad, teniendo en cuenta que en relación con las materias procesales el legislador dispone de un amplio margen de configuración normativa. A partir de este análisis, la Sala encontró, de una parte, que la regulación acusada persigue una finalidad constitucionalmente legítima, como es la de facilitar el acceso a la justicia, particularmente en relación con controversias de mínima cuantía, y de otra, que pese a que en este caso se haya invertido la secuencia que usualmente tienen los procesos judiciales, existen en la normatividad acusada suficientes garantías del derecho de defensa del demandado, entre ellas la imposibilidad de notificarle a través de curador ad – lítem, o la regla según la cual, en caso de oposición fundada por parte del demandado, el proceso se transforma en un trámite declarativo (proceso verbal sumario), dentro del cual aquél podría ejercer plenamente su derecho de defensa. Por ello concluyó que la aplicación de estas normas no rompe la igualdad entre las partes procesales, ni tampoco lesiona el debido proceso, como en este caso se alegó, razón por la cual estas normas resultan exequibles. El Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez salvó parcialmente su voto frente a la presente decisión, pues si bien participó del entendimiento de que estas normas no son contrarias a la Constitución, consideró necesario que la Corte hubiera planteado un condicionamiento frente al contenido del inciso 4º del artículo 421, en lo relativo a la necesidad de que el demandado aporte las pruebas en que sustente su oposición, expresión que puede ser objeto de diversos entendimientos, en lo concerniente a los casos en que aplica. Ello por cuanto, según señaló el Magistrado Guerrero Pérez, podría resultar desproporcionado, así como lesivo de las garantías de igualdad y debido proceso, que se exija esta carga al demandado en los casos en que el actor no ha aportado evidencia de la obligación reclamada, distinta a su solo dicho. Por su parte, el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo aclaró su voto por cuanto, si bien comparte la percepción de que las normas acusadas son exequibles, considera desproporcionado que se exija al supuesto deudor prueba de las razones por las que no debería la suma reclamada, mientras que el actor no afronta una carga semejante, más aún cuando se trata de una negación indefinida, escenario en el que suele invertirse la carga de la prueba.

D-10115

C-880/14

Nov. 20/14

 

 

MP.

Dra. Ortiz

Artículo 347.

Selección en el trámite del recurso de casación. La Sala, aunque la demanda de casación cumpla los requisitos formales, podrá inadmitirla en los siguientes eventos:

1. Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido.

2. Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento.

3. Cuando no es evidente la trasgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del recurrente.

Primero. Declarar EXEQUIBLE las expresiones “que admite recurso de insistencia”, “o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las finalidades del recurso” y “Sin embargo, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de la demanda para decidir de fondo” contenidas en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004.

Segundo. Declarar EXEQUIBLE el numeral primero del artículo 347 de la Ley 1564 de 2012.

SV MVCC

AV LEVS

AV GEMM

La Corte decidió sobre la exequibilidad de apartes de dos distintas normas, el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal y el 347 del Código General del Proceso, relacionadas ambas con la posibilidad de que las respectivas Salas de Casación (Penal y Civil) decidan no seleccionar para trámite algunos de tales recursos extraordinarios. Los demandantes alegaron que tales facultades son demasiado amplias, y que permiten el rechazo in límine de tales recursos por razones que solo deberían ser estudiadas al momento del análisis de fondo. Por estas razones, señalaron que estas reglas vulneran, entre otros, el principio de dignidad humana, los fines esenciales del Estado social de derecho, la cláusula de igualdad y la prevalencia del derecho sustancial en la administración de justicia, y que al establecerlas el legislador excedió el margen de configuración normativa que le es propio. Sostuvieron también que la segunda de estas normas viola el artículo 243 superior, pues reproduce el contenido de otras que fueron declarad inexequibles por razones de fondo. Después de descartar la posible existencia de cosa juzgada, la Corte avanzó sobre el estudio de los cargos planteados. Para ello, la Sala hizo referencia a las finalidades del recurso de casación, expresamente reconocido por la Constitución de 1991, las que en consecuencia no pueden ser caprichosamente variadas por el legislador, y que se enfocan, en su orden, a la unificación de la jurisprudencia, a promover la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos, a reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida y, en sentido más amplio, a velar por la realización de los derechos fundamentales de los asociados. Seguidamente, la Corte estudió la razonabilidad de las reglas acusadas, teniendo en cuenta que su finalidad es contribuir al logro de los ya referidos objetivos del recurso de casación. En relación con el presunto exceso en el ejercicio de la facultad legislativa y su legítimo margen de configuración, la Corte recordó que ésta es especialmente amplia tanto en relación con la definición de la política criminal del Estado, como en lo atinente al diseño de las reglas de procedimiento, por lo que tal libertad solo puede ser restringida en caso de que las reglas establecidas fueren contrarias a los fines y principios del Estado, a la vigencia de los derechos fundamentales de los asociados, a la primacía de lo sustancial sobre lo procedimental o el principio de razonabilidad. A partir de estos criterios, la Corte concluyó que la norma que incorpora las finalidades de la casación como parámetro de selección de tales recursos por parte de la respectiva Sala a partir del cumplimiento o no de los requisitos formales de admisión, la que establece un mecanismo de insistencia dentro de dicho trámite y la que incorpora la identidad de hechos como criterio de no selección no vulneran la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, ni ninguno otro de los principios y cláusulas constitucionales aducidos por los actores, y por el contrario, constituyen válido ejercicio de la facultad de configuración normativa del legislador, razones por las cuales, decidió declarar su exequibilidad.

D-10229

C-258/15

Mayo 6/15

 

 

MP.

Dr. Pretelt

Artículo 386.

Investigación o Impugnación de la Paternidad o la Maternidad. En todos los procesos de investigación e impugnación se aplicarán las siguientes reglas especiales:

1. La demanda deberá contener todos los hechos, causales y petición de pruebas, en la forma y términos previstos en el artículo 82 de este código.

2. Cualquiera que sea la causal alegada, en el auto admisorio de la demanda el juez ordenará aún de oficio, la práctica de una prueba con marcadores genéticos de ADN o la que corresponda con los desarrollos científicos y advertirá a la parte demandada que su renuencia a la práctica de la prueba hará presumir cierta la paternidad, maternidad o impugnación alegada. La prueba deberá practicarse antes de la audiencia inicial. De la prueba científica se correrá traslado por tres (3) días, término dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la práctica de un nuevo dictamen, a costa del interesado, mediante solicitud debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen deberán precisarse los errores que se estiman presentes en el primer dictamen. Las disposiciones especiales de este artículo sobre la prueba científica prevalecerán sobre las normas generales de presentación y contradicción de la prueba pericial contenidas en la parte general de este código. El juez ordenará a las partes para que presten toda la colaboración necesaria en la toma de muestras.

3. No será necesaria la práctica de la prueba científica cuando el demandado no se oponga a las pretensiones, sin perjuicio de que el juez pueda decretar pruebas en el caso de impugnación de la filiación de menores.

4. Se dictará sentencia de plano acogiendo las pretensiones de la demanda en los siguientes casos:

a) Cuando el demandado no se oponga a las pretensiones en el término legal, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3.

b) Si practicada la prueba genética su resultado es favorable al demandante y la parte demandada no solicita la práctica de un nuevo dictamen oportunamente y en la forma prevista en este artículo.

5. En el proceso de investigación de la paternidad, podrán decretarse alimentos provisionales desde la admisión de la demanda, siempre que el juez encuentre que la demanda tiene un fundamento razonable o desde el momento en que se presente un dictamen de inclusión de la paternidad. Así mismo podrá suspenderlos desde que exista fundamento razonable de exclusión de la paternidad.

6. Cuando además de la filiación el juez tenga que tomar medidas sobre visitas, custodia, alimentos, patria potestad y guarda, en el mismo proceso podrá, una vez agotado el trámite previsto en el inciso segundo del numeral segundo de este artículo, decretar las pruebas pedidas en la demanda o las que de oficio considere necesarias, para practicarlas en audiencia.

7. En lo pertinente, para la práctica de la prueba científica y para las declaraciones consecuenciales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 721 de 2001 y las normas que la adicionen o sustituyan.

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión "Así mismo podrá suspenderlos desde que exista fundamento razonable de exclusión de la paternidad", contenida en el numeral 5º del artículo 386 de la Ley 1564 de 2012.Segundo. Declarar EXEQUIBLE el numeral primero del artículo 347 de la Ley 1564 de 2012.

AV MVCC

La Corte decidió acerca de si la regla acusada resulta contraria a los artículos 1º, 2º, 29 y 44 de la Constitución en cuanto la posibilidad de suspender los alimentos debidos a un menor de edad es contrario a la dignidad humana y desconoce el deber de asegurarle a los niños la protección efectiva de sus garantías, en cuanto puede dejarlo sin alguien que cumpla la obligación alimentaria, en la medida en que la norma no establece una vía alternativa que permita proteger al menor de la situación de vulnerabilidad que en tal caso enfrenta. La Sala encontró que la referida regla no es contraria a la Constitución Política puesto que, pese a su vital importancia, el derecho fundamental a recibir alimentos supone la existencia de una relación de filiación u otro vínculo familiar de los previstos en la ley, por lo que contrario sensu, la ausencia de tales vínculos tendría consecuencias sobre tal obligación. En esta línea, destacó la Corte, que según la misma norma lo requiere, la decisión de suspensión de los alimentos solo puede adoptarse bajo la existencia de un fundamento razonable de exclusión de la paternidad, lo que implica que, sin perjuicio de la autonomía del juez competente para decidir al respecto, en ningún caso podrá tratarse de una decisión arbitraria o caprichosa sino adecuadamente justificada, para lo cual los resultados de la prueba de ADN prevista y regulada por la Ley 721 de 2001 constituyen un valioso elemento de convicción a disposición del juez competente. De otra parte, señaló la Corte que el hecho de que no pueda predicarse una obligación alimentaria en favor del menor en cabeza de una persona específica no priva al niño de su derecho fundamental a recibir alimentos, pues en tal evento corresponde al Estado la garantía de este derecho, para lo cual se deberá incluir al menor afectado en los programas de bienestar gestionados por aquel que sean apropiados para promover su desarrollo integral y el necesario acompañamiento a su núcleo familiar. En consecuencia, concluyó la Corte que el aparte normativo demandado resulta conforme a la Constitución, en cuanto no contraviene los postulados constitucionales de dignidad humana, debido proceso e interés superior del menor.

D-10341

 

 

 

DECRETO 1736 DE 2012

“Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"”

 

 

SENTENCIA

NORMA

DECISION

SV/AV

TEMA

EXPEDIENTE

 

 

 

 

 

 

C-041/15

Feb. 4/15

 

Mp. Dra. Calle

Artículo 6º Corríjase el inciso 1° del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:

"Artículo 338.

Cuantía del interés para recurrir. Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la demanda dirigida contra el artículo 6º del Decreto 1736 de 2012 ‘por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 ‘por medio de la cual se expide el Código general del Proceso y se dictan otras disposiciones’”

SV MVSM

SV JIPP

SV MGC

SV LEVS

AV GSOD

La Corte tiene la función de guardar la integridad y supremacía de la Constitución “en los estrictos y precisos términos” del artículo 241 de la Carta. En esta disposición se prevé que la acción pública procede contra los actos reformatorios de la Constitución, las leyes y los decretos con fuerza de ley (C. P. art 241 nums. 1º, 4º y 5º). La jurisprudencia nunca ha admitido que la Corte pueda conocer de demandas instauradas exclusiva y directamente contra decretos que se orienten a corregir yerros advertidos en la ley. Un examen detenido de los pronunciamientos de la Corte muestra que cuando ha decidido expresamente sobre la exequibilidad de un decreto de esta naturaleza, lo controlado de forma principal ha sido la ley o el decreto con fuerza de ley que se ha querido corregir. En las sentencias C-672 de 2005 y C-634 de 2012, únicas en referirse dentro de su parte resolutiva a la exequibilidad o inexequibilidad de decretos de esta índole, el control se ha originado o bien en la revisión constitucional automática de contenidos normativos de ley estatutaria (C-672 de 2005) o bien en la decisión de una demanda contra un decreto con fuerza de ley (C-634 de 2012). En las demás providencias mencionadas dentro de este debate, no sólo no se demandaba exclusiva y directamente un decreto de corrección de yerros, sino que además en cada una la Corte se abstuvo de hacer un pronunciamiento expreso sobre su exequibilidad o inexequibilidad en la parte resolutiva de cada una. En la sentencia C-500 de 2001 la Corporación se juzgó incompetente para controlar esta clase de decretos y, en consecuencia, no hizo ningún juicio de exequibilidad sobre el que entonces se había mencionado en el proceso. En las sentencias C-232 de 2001 y C-334 de 2005 la Corte simplemente se inhibió de emitir un fallo de fondo, sin hacer ningún tipo de examen definitivo sobre su competencia para controlarlos o sobre la exequibilidad de los decretos de yerros que se habían considerado en la controversia. En la sentencia C-925 de 2005 la Corte se declaró expresamente incompetente para decidir sobre la exequibilidad del Decreto de corrección de yerros y, por lo mismo, en la parte resolutiva no lo menciona. En la sentencia C-178 de 2007 la Corte no se pronuncia sobre la exequibilidad del decreto que corregía un Acto Legislativo, sino que se limita a decir que sí corrige un yerro, y declara exequible el Acto Legislativo sin hacer referencia en esta parte de la providencia al decreto administrativo. La demanda en este caso no se dirigió contra un acto reformatorio de la Constitución, ni contra una ley o un decreto con fuerza de ley, sino directa y exclusivamente contra un decreto de corrección de yerros. Ese caso no sólo no se ajusta estrictamente a las hipótesis en que se ha pronunciado la Corte sobre decretos de esta jerarquía, sino que tampoco se puede considerar siquiera análogo a esos eventos. Cuando en las sentencias C-672 de 2005 y C-634 de 2012 esta Corte ha emitido juicios de exequibilidad sobre decretos que corrigen yerros, lo ha hecho dentro de su función de control de la ley, pues un ejercicio de control constitucional de las leyes –por su contenido material o, en ciertos casos, por problemas de procedimiento en su formación- supone dilucidar en primer lugar el alcance de la ley bajo examen. Cuando existe un decreto que corrige yerros en un acto del legislador o del legislador extraordinario, es entonces natural que la Corte incorpore el decreto al control pues está evaluándose un acto complejo, integrado por la decisión del legislador más el de la administración pública. Otra enteramente distinta es la hipótesis en que se somete a control solamente el acto administrativo de corrección de yerros, y se cuestiona sobre la base de que desconoce en primer lugar la ley (la que pretende corregir y la que define el alcance de esta clase de yerros), y que sólo en sentido remoto desconoce el principio de legalidad como precepto constitucional. Este tipo de juicio difiere, como se ve, del que se plantea contra una ley, que a su turno presenta yerros corregidos por un decreto, y se cuestiona directamente el acto del legislador con fundamento en que viola de forma inmediata la Constitución. Es esta última clase de problemas los que han provocado pronunciamientos como los hechos por la Corte en las sentencias C-672 de 2005 y C-634 de 2012, y no son más que una especie del género de cuestiones que debe resolver la Corte ordinariamente, en ejercicio de sus competencias constitucionales (CP art 241). La Corte puede controlar la constitucionalidad de una ley y, según el vicio endilgado o la clase de control, puede entonces definir su alcance. Como el decreto que pretende corregir yerros puede definir el alcance de la ley, la Corte en ese contexto está autorizado necesariamente para establecer si efectivamente lo define o no y en qué medida. Pero por fuera de ese escenario, la jurisprudencia no ha contemplado la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre los decretos que se expiden para corregir yerros en las normas de la ley. Esto permite entonces mostrar con mayor claridad la razón por la cual no es posible hacer en este caso una integración normativa oficiosa, en virtud de la cual se incorpore al juicio la Ley que pretendía corregirse con el decreto de yerros demandado. Para empezar, la Corte consistentemente ha sostenido que esta facultad de integración oficiosa de normas es excepcional y procede solo en tres casos (C-539 de 1999). En esta ocasión no se está, sin embargo, ante ninguna de estas causas excepcionales. Primero, no se está ante una norma que carezca de contenido deóntico claro, pues el Decreto acusado prevé claramente su función y efectos. Segundo, la norma no está reproducida en la ley que pretende integrarse, sino que de hecho se presenta como una corrección y no como un reflejo estricto del texto legal y, según el actor, tampoco es un reflejo de su contenido. Tercero, no se trata de una ley que, por sí misma, presente a primera vista problemas de inconstitucionalidad y, de hecho, la demanda ni siquiera se dirigió contra la ley. Los cargos que se presentan contra el decreto no son extensibles al acto del legislador pues se contraen es, por el contrario, a argumentar que el acto del legislador sufrió un cambio con el decreto. Ciertamente, en la sentencia C-634 de 2012 la Corte integró al control un decreto de yerros. No obstante, las diferencias con este caso son notorias. En primer lugar, en el fallo C-634 de 2012 se demandaba un decreto con fuerza de ley, para cuyo examen la Corte tiene competencia expresa (C. P. art 241 num. 5º). En segundo lugar, contra dicho decreto ley se presentaron cargos, consistentes en una violación de la Constitución. En tercer lugar, en vista de que el cargo planteado la autorizaba para ello, la Corte debía establecer ante todo cuál era el alcance de la norma con fuerza de ley cuestionada en la acción pública, y fue en tal escenario que advirtió la existencia de un decreto de corrección de yerros. El de corrección de yerros estaba entonces estrechamente relacionado con el decreto ley acusado, y además a juicio de la Corte presentaba a primera vista problemas de inconstitucionalidad. En contraste, en este caso, se pretende una integración inversa con unas características radicalmente distintas. No se busca integrar el decreto de yerros a un juicio sobre la ley sino incorporar la ley a una propuesta de control sobre el decreto. Además, el cargo no está formulado en términos que puedan extenderse hacia la ley no demandada que el decreto pretende corregir, pues no se dice que la ley en cualquiera o alguna de sus versiones sea contraria a la Constitución, sino que el decreto de yerros contradice en primera instancia la ley y sólo indirectamente la Constitución. Finalmente, como se dijo, no existe en este asunto un evento en el cual la ley que busca corregirse con el decreto tenga a primera vista un evidente problema de inconstitucionalidad. No sólo no se está, en síntesis, ante una demanda contra un acto reformatorio de la Constitución, la ley o un decreto ley, sino que tampoco se está en presencia de una hipótesis en la cual –ante una demanda contra actos de esa naturaleza- esté autorizada la Corte para efectuar una integración oficiosa de la unidad normativa. Por ende, en vista de que no puede conocer de una acción exclusiva y directamente dirigida contra un decreto de corrección de yerros, la Corporación consideró que debía inhibirse de emitir un juicio de mérito. Los Magistrados Martha Victoria Sáchica Méndez, Jorge Iván Palacio Palacio, Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva salvaron su voto respecto de esta decisión al considerar que el asunto de la referencia debió ser estudiado de fondo, con el propósito de reafirmar la competencia de la Corte para ejercer control de constitucionalidad contra decretos de corrección de leyes. Lo anterior, debido a que estos actos han sido considerados por la jurisprudencia constitucional, como de aquellos sobre los cuales esta Corporación ejerce competencia de carácter excepcional (Sentencias C-672 de 2005, C-049 de 2012, C-634 de 2012, C-524 de 2013 y C-173 de 2014), por tratarse de actos presidenciales expedidos en ejercicio de competencias ordinarias en el ámbito de promulgación de la ley, pero con efectos sobre un cuerpo normativo legal concreto. En este asunto, se demandó el artículo 6º del Decreto 1736 de 2012 principalmente por presunta violación de los artículos 150 y 189 de la Constitución Política. Según el actor, el Presidente de la República al “corregir” el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, terminó reformando e interpretando el sentido normativo y la voluntad legislativa de una norma legal que hace parte del Código General del Proceso. Para los magistrados disidentes, resulta completamente válido considerar que la norma acusada, se incorpora al mismo texto de la Ley y por tanto, era perfectamente posible llevar a cabo una integración de la unidad normativa, por el vínculo inescindible que existe entre la disposición contenida en el Decreto 1736 de 2012 y el artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, para emitir un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. Como quiera que la decisión mayoritaria se inclinó por la inhibición, en este caso: i) se evadió un problema jurídico de trascendencia constitucional relativo a la usurpación de funciones legislativas por parte del Presidente de la República y; ii) se hizo nugatorio el derecho ciudadano de control material de un contenido normativo de naturaleza legislativa frente a la Constitución Política. Por su parte, la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado anunció la presentación de una aclaración de voto sobre algunos de los fundamentos de esta providencia.

D-10280

La información recopilada en este cuadro, no exonera al usuario de corroborar su contenido con los textos de las providencias, que se podrán encontrar en nuestra dependencia y en la página de internet www.corteconstitucional.gov.co